Decía Hernández Arregui «la oligarquía volvió al poder. Pero el
secreto de su poder es que es un poder secreto». Sabido es que la Patria
transita por estos tiempos caminos difíciles, a los que hemos llegado por
múltiples motivos. Podría comenzar por la falta de profundización de un modelo
que se sostuvo en la contención de los sectores más vulnerados, pero que a lo
largo de 12 años tropezó constantemente a la hora de dar el paso definitivo
para que esos sectores ingresen a la formalidad de la economía. Por otro lado,
la retórica combativa contra los grandes grupos concentrados de poder; ello
despertó en el pueblo la conciencia nacional y la unificación conceptual de que
el enemigo está acá entre nosotros, con nombre y apellido, y que ese enemigo
son las multinacionales agroexportadoras asociadas con el sistema financiero
bancario y los multimedios; todos representantes de la nueva oligarquía.
Desde ya que siempre
es bueno verle la cara al traidor que nos vende, pero en eso nos quedamos;
todavía retumba en mis oídos la desafortunada frase de CFK sobre aquellos que
se la «llevaron en pala».
Esa retórica hacia
la oligarquía fue el peor de los errores del proceso kirchnerista, por la
simple cuestión de que el reformismo dialéctico exacerba el odio de clase de la
oligarquía hacia el pueblo: un gobierno Nacional y Popular antes de decir,
debió hacer. Un error que pagamos caro los nacionales que acompañamos al
proyecto durante estos 12 años, pero que para nuestro regreso deberemos
corregir, porque en el camino de la liberación no hay lugar para la
anti-patria.
Recordemos que Juan
Domingo Perón expropió el diario La Prensa y se lo entregó a los trabajadores,
no se quedó simplemente alegando que el diario mentía. Lo sabíamos, y es por
eso que el pueblo decidió escribir día a día su propia verdad. Además, hubo una
distracción que -muy por lo contrario a lo que se cree-, no generó
contradicciones sino hasta casi llegar a los 10 años continuos de gobierno
Nacional. Estoy haciendo referencia a la cuestión de la energía.
Hay una máxima que
se repite por los pasillos de la embajada británica de Buenos Aires que dice, «que
cualquier esfuerzo cumplido, por quienquiera que fuese, por asegurarse la
producción petrolífera argentina, sería considerado en Londres como un atentado
a los intereses británicos», y es tan así que cada uno de los golpes de
estado a gobiernos populares tuvo aroma a petróleo. Lo tuvo el golpe del ´30,
el de la Revolución «fusiladora» del ´55, y también la última dictadura
cívico-militar de 1976, luego de que el gobierno de Isabel Perón nacionalizara
todas la bocas de expendio y obligara a las compañías extranjeras a destilar
combustibles en instalaciones de YPF.
Ahora bien, ¿qué
significa energía en un país semicolonial como la Argentina? Desde un punto de
vista no es más que el eufemismo inalcanzable del autoabastecimiento,
relacionándolo simplemente con que los autos pueden cargar nafta cien por
ciento nacional. Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba que «quien controle la
producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo puede
dominar el destino de una Nación». El maestro del Pensamiento Nacional lo
dejó bien en claro: energía,
transporte y crédito, en un país que pretende enterrar para siempre las
cadenas de la opresión, deben de ser tratados en tándem.
Fue en el período
del primer peronismo cuando hubo un proyecto doctrinario apoyado sobre tres
pilares, la nacionalización de los trenes, la constitución nacional de 1949
(con el memorable artículo 40 de declaración de bienes inalienables del estado
a todos los recursos del subsuelo argentino y caída de agua), y la nacionalización de los depósitos bancarios
y con ello el Banco Central; todo esto en continua relación con la
nacionalización del mercado externo con la creación del IAPI (Instituto
Argentino para la Promoción del
Intercambio). Cada uno de planes quinquenales eran etapas para logar el desarrollo
definitivo de estas fuerzas articuladas. Por supuesto que hubo un plan en el
tercer gobierno de peronista (1973-1976) en consonancia con los anteriores; se
llamó «El modelo Argentino para el Proyecto Nacional», la última obra de
Juan Domingo Perón, cuya lectura debiera ser obligatoria en las escuelas
secundarias.
«Debemos cuidar
nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los
monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de
industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la
economía de mercado».
El marco legal de un
Estado es su Constitución Nacional, y la nuestra fue creada según las
necesidades del Imperio Británico durante el siglo XIX, en donde cada una de
sus modificaciones hundió más en la carne del pueblo las garras de la
anti-patria. Es así que la última reforma hecha durante el gobierno del Dr.
Carlos Saúl Menem, en complicidad con el «padre» de la democracia el Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín, sentenció a la Patria a estar de rodillas, pues en su
artículo 124 dice que «corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio».
Es urgente que las
políticas de Estado deban estar sujetas a las decisiones del poder central y no
en manos de las necesidades fluctuantes de las provincias. Esta
diversificación, alentada por la Constitución cipaya y liberal, obstaculiza la
consolidación del desarrollo energético y, por ende, del industrial. Por
supuesto que esta reforma, más los tratados firmados en Madrid y Lisboa junto
al Reino Unido en 1990 (Domingo Cavallo de por medio), actúan como un gran
corset para el Estado Nacional y sus políticas soberanas.
En 2012 la
estatización del 51 % de YPF fue un viraje de timón más que necesario, pero de
resultados insuficientes, puesto que limitó planificar de manera libre e
independiente las políticas energéticas, de desarrollo industrial y de
transporte soberano, dado que el 49% restante forma parte del sistema de
drenajes de nuestras riquezas al exterior
de la Nación.
Es menester recordar
que YPF fue la segunda empresa petrolera en el
mundo cien por ciento patrimonio del Estado, pero que hoy representa en
algo la realidad de Latinoamérica; un gigante de piernas escuálidas, de gigantes
brazos que lanzan todo lo que está a su alcance hacia el norte, o cruzando el
Atlántico en su defecto. La composición de accionistas del 49% ratifica esa
dantesca descripción, cuya participación es la siguiente: con el 4,8% el Grupo
Imbursa, (Carlos Slim), con el 4,38% el Fondo especulativo de inversión Lazard
Asset Managment LTD, con un 4% el Fondo
Mason Capital Managment LLC (Kenneth Mario Garschina), con el 3,5% Soros
Found Managment (George Soros), con el 1,86% el Grupo Perry Corp, con el
1,59% el Fondo buitre Third Point (Dan Loeb),
con el 1,47 % los fondos Fidelity Managment & Reserch y con el
1,45% Morgan Stanley; además de otros buitres que participan con menos
del 1 % tales como Hartford Capital, Fidelity Diversified y Delaware Group
Global & International Funds y otros e 50 fondos similares que tienen
presencia minoritaria en YPF según datos de la agencia Bloomberg Lp.
El justicialismo brega por la comunidad organizada, pero esta solo
es válida entre actores que constituyen las fuerzas vivas de la Patria, trabajadores
que junto a una burguesía nacional entiendan que el consumo es necesario para
el buen funcionamiento de los engranajes de mercado interno. Y para que eso se
dé deberán complementarse sin renunciar a sus intereses de clase, priorizando
el bienestar mutuo y los intereses de la Patria. Por tales motivos resulta
inadmisible que las transnacionales jueguen un papel tan determinante dentro de
una concepción filosófica-política, cuya consecuencia es lo que está sucediendo
en la actualidad: la automática desarticulación del aparato dinamizante de la
economía del país frente al recuerdo de un Estado que intentó estar al servicio
del pueblo, y que no le alcanzó.
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